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El Supremo amplía el veto al voto ley nietos: 163.355 fuera del censo del 29-N

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Una providencia del Tribunal Supremo de este viernes estira el veto cautelar sobre el voto ley nietos hasta quienes viven y están empadronados en España. El choque político-judicial se acelera a nueve días de las elecciones generales: el Ejecutivo rechaza la medida y la derecha la celebra, mientras Junta Electoral Central e INE deben asegurar que ninguno de los afectados figure como elector.

Quién puede votar y quién queda fuera del voto ley nietos

La decisión judicial deja fuera del padrón electoral a 163.355 personas nacionalizadas al amparo de la ley de nietos. El Tribunal Supremo exige a la Junta Electoral Central y al Instituto Nacional de Estadística garantizar que ninguno de ellos aparezca como elector, ya residan en España o en el extranjero. La ampliación del veto cautelar convierte en cuestión de derechos civiles un debate que hasta ahora se planteaba sobre todo en clave consular y documental.

Solo conservan la posibilidad de sufragio las 901 personas que ya aportaron certificación consular de exilio, junto con quienes logren presentarla antes del 29-N. El resto queda en un limbo electoral a una semana y media del escrutinio, pese a haber completado un proceso de nacionalización reconocido por la ley. El INE ha matizado que, tras comprobar los datos, la cifra efectiva de excluidos podría rebajarse a 113.326, pero el mandato del Supremo sigue apuntando al universo inicial de 163.355.

Un pulso entre Gobierno, TS y derecha en la recta final del 29-N

El calendario electoral convierte cada resolución en un termómetro de fuerzas. A nueve días del voto, la providencia enciende de nuevo la tensión entre poderes: el Gobierno discrepa del criterio judicial y la derecha acoge la exclusión como victoria propia. No se trata solo de una pelea técnica sobre censos, sino de quién define las condiciones de participación de ciudadanos que la norma de nacionalización ya incorporó al Estado.

El ministro Félix Bolaños calificó la medida de jurídicamente discutible y acusó a la derecha de celebrar españoles de primera y de segunda. Esa formulación no es retórica menor: subraya una desigualdad en el ejercicio del derecho al voto entre quienes comparten nacionalidad pero no el mismo certificado consular. Desde una lectura que prioriza la igualdad de derechos, el veto amplio —incluidos residentes empadronados— parece un recorte selectivo más que una corrección puntual de fraude o de error administrativo.

Censo, certificados y el coste político del voto ley nietos

La carga operativa recae ahora en la Junta Electoral Central y el INE, obligadas a depurar el censo en plena campaña. Mientras la justicia mantiene suspendido el voto ley nietos para la gran mayoría, el escenario electoral se dibuja con un grupo muy reducido habilitado y un volumen enorme de nacionalizados sin voz el 29-N. La tensión entre cifra nominal y cifra revisada no alivia la sensación de arbitrariedad para quien ya reside en España y cumple con el empadronamiento.

En el fondo, el conflicto mezcla memoria democrática, ciudadanía y reglas electorales con poco margen de tiempo. Quienes defienden la ampliación de derechos verán en el veto una barrera adicional para colectivos con lazos familiares con el exilio; quienes lo celebran insistirán en el control documental. Lo que no cambia es el dato: a menos de dos semanas del comicio, el Supremo ha trazado una frontera clara entre unos pocos certificados consulares válidos y cientos de miles de nacionalizados fuera de juego. El voto ley nietos queda así como uno de los epígrafes más sensibles —y posiblemente más duradero— de estas elecciones generales.

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