Vox registra querella Oscar Puente en el Supremo por el siniestro ferroviario de Urda

Querella Oscar Puente y competencia del Supremo

Vox registró el jueves 29 de octubre la querella ante el Tribunal Supremo, foro que corresponde por el aforamiento de Óscar Puente. El partido encuadra la acción en homicidios y lesiones por imprudencia grave y omisión, y reclama que el ministro quede en situación de investigado. El anuncio se difundió desde la cuenta oficial del partido en X. La vía judicial sitúa en el centro la responsabilidad institucional cuando fallan las garantías en un servicio esencial como el ferrocarril.

No se trata solo de una declaración política: el escrito exige revisar alertas, protocolos y el acuerdo alcanzado en febrero con los sindicatos del sector. Esa petición conecta el caso concreto de Urda con la gobernanza previa del transporte ferroviario. La querella Oscar Puente fija así preguntas de fondo sobre prevención y cumplimiento, más allá del día del siniestro.

De Adamuz y Gelida a Urda: una cadena en el escrito

El escrito de acusación enlaza el siniestro de Urda con accidentes anteriores en Adamuz y Gelida, y con compromisos públicos de refuerzo de la seguridad que, según Vox, no se habrían traducido en protección suficiente para el viajero. El planteamiento busca que el Supremo examine si hubo omisiones reiteradas más allá de un episodio aislado. Para quien exige orden y previsibilidad en las infraestructuras, la repetición de tragedias cuestiona la credibilidad de las promesas administrativas.

La querella Oscar Puente llega en un momento en el que la campaña electoral ya marca el ritmo de la agenda pública. Vox mantiene actividad de precampaña mientras el PP y el PSOE han limitado sus eventos por el luto. La discrepancia en el tono político no altera el contenido del escrito, pero sí deja claro que la formación elige la confrontación jurídica como herramienta paralela al debate electoral.

Seguridad ferroviaria y exigencia de rendición de cuentas

El accidente de Urda ha situado la seguridad ferroviaria y la rendición de cuentas en el foco de la contienda, también fuera de España en medios que siguen la tragedia. Vox apuesta por llevar al ministro aforado ante la justicia ordinaria en su sede competente, en lugar de limitar la discusión a comparecencias o promesas de mejora. La apuesta procesal apunta a que los protocolos y los acuerdos con los sindicatos no pueden quedar en el papel si la confianza ciudadana en el tren depende de ellos. En este marco, la querella Oscar Puente recuerda que la impunidad percibida erosiona las instituciones y deja al Supremo decidir si admite a trámite la denuncia.